Ley Integral de las Personas Mayores: un paso histórico para una vejez con más derechos en Chile

El pasado 1 de junio de 2026 se publicó en Chile la nueva Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable (Ley N.° 21.822), una normativa largamente esperada por organizaciones de personas mayores, profesionales del área gerontológica, académicos y diversos actores sociales. Esta ley constituye un avance histórico porque, por primera vez, establece un marco integral de protección y promoción de los derechos de las personas mayores en nuestro país.

¿Por qué es tan relevante? Porque Chile está envejeciendo rápidamente. Actualmente, una de cada cinco personas tiene 60 años o más, y se estima que el año 2028 las personas mayores superarán en número a niños, niñas y adolescentes. Este cambio demográfico exige políticas públicas y marcos legales acordes a las nuevas realidades sociales.

Un cambio de mirada: de la asistencia a los derechos

Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que promueve un cambio cultural. Tradicionalmente, la vejez ha sido abordada desde una lógica centrada en las necesidades, la dependencia o la vulnerabilidad. La nueva normativa, en cambio, reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos, con capacidad de decisión, participación y autonomía.

La ley se inspira en principios como la dignidad, la independencia, la participación social, la igualdad, la no discriminación por edad, el buen trato y el acceso efectivo a la justicia. Además, incorpora una perspectiva de curso de vida, entendiendo que el envejecimiento es un proceso que involucra a toda la sociedad.

Derechos que adquieren mayor protección

La nueva legislación fortalece diversos derechos de las personas mayores, entre ellos:

• El derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razones de edad.

• El derecho a recibir un trato digno y respetuoso.

• El derecho a vivir libres de violencia, abuso, maltrato y abandono.

• El derecho a participar activamente en la vida social, comunitaria y cultural.

• El derecho a una atención integral en salud y cuidados.

• El derecho a la autonomía y a tomar decisiones sobre su propia vida.

En otras palabras, la ley busca que la edad no sea un motivo para restringir oportunidades, limitar la participación o vulnerar derechos.

Protección frente al abandono y al maltrato

Otro aspecto especialmente relevante es que la normativa incorpora herramientas para enfrentar situaciones de abandono social y diversas formas de violencia hacia las personas mayores. Además, reconoce fenómenos que muchas veces pasan desapercibidos, como el abuso patrimonial, es decir, la utilización indebida de bienes, dinero o recursos económicos de una persona mayor. Esto representa un avance importante en la protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad o dependencia.

Más participación y acceso a la vida cultural

La ley también promueve la inclusión social y comunitaria de las personas mayores. Entre otras medidas, establece mecanismos para facilitar el acceso de las personas mayores a actividades culturales y deportivas, incorporando descuentos y acceso en determinados eventos. Asimismo, fomenta la alfabetización digital y la reducción de barreras que dificultan la participación en la sociedad actual. Estas medidas reconocen que el bienestar en la vejez está relacionado con mantener vínculos, participar activamente en la vida social y contar con oportunidades de desarrollo personal.

Un Estado más preparado para una sociedad que envejece

La nueva ley también fortalece el rol del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), crea nuevas estructuras regionales y establece una Política Nacional de Envejecimiento que deberá orientar la acción de distintos organismos públicos. Esto implica avanzar hacia una respuesta más coordinada frente a los desafíos del envejecimiento de la población chilena.

Un desafío para toda la sociedad

La aprobación de esta ley constituye una excelente noticia, pero también plantea desafíos. Garantizar los derechos de las personas mayores depende del Estado, pero también requiere el compromiso de las familias, las comunidades, las organizaciones y de cada uno/a de nosotros/as.

Envejecer con dignidad significa poder seguir participando, decidir sobre la propia vida, mantener vínculos significativos y recibir un trato respetuoso en todos los ámbitos. La nueva Ley Integral de las Personas Mayores nos recuerda que:

Construir una sociedad amigable con las personas mayores es una responsabilidad colectiva y una inversión en nuestro propio futuro.

Nota del autor: Es importante destacar que, aunque la ley fue publicada el 1 de junio de 2026, varias de sus disposiciones tienen entrada en vigencia diferida y requerirán reglamentos y adecuaciones institucionales para su implementación plena. Así, será responsabilidad de todos/as los integrantes del País velar por la pronta y adecuada implementación de estas disposiciones.